Saludamos la sentencia del Tribunal Constitucional-que no dudamos en calificar de histórica-recaída en el Expediente N° 05436-2014-PHC/TC, que declara la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.
La sentencia reconoce y pretende remediar una generalizada y sistemática violación de derechos y dignidades de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios, que ninguna autoridad se atrevió a enfrentar con seriedad.
Hacemos un llamado a todas las instancias del Estado expresamente emplazadas por el Tribunal Constitucional a cumplir con la ejecución progresiva de las medidas dispuestas, en los plazos determinados, a fin de no incurrir en responsabilidades por omisión o deficiencia.
Exhortamos a la sociedad civil a participar activamente de este proceso de implementación de las medidas ordenadas por el Tribual Constitucional. Como defensores de causas justas, acompañaremos este proceso con vigilancia a las autoridades y propuestas específicas para hacer de los establecimientos penitenciarios un lugar en el que se cumplan los objetivos de resocialización de las personas privadas de la libertad, no se restrinja ningún otro derecho fundamental más allá del estrictamente señalado, y se trate con dignidad a los internos e internas.